En primer lugar, queremos mostrar nuestra solidaridad con las trabajadoras transfronterizas y denunciar su situación actual. Es necesario que se agilicen los trámites administrativos para regularizar su situación laboral en Ceuta y para que puedan cruzar la frontera con normalidad. La falta de transparencia y las trabas en la burocracia les impide ver a sus seres queridos, ya que temen no poder volver a la ciudad a trabajar. Esta situación de irregularidad les arrebata sus derechos fundamentales como trabajadoras y les obliga a permanecer en Ceuta trabajando sin cotizar, sin derechos y sin seguridad.

En segundo lugar, denunciamos las cifras que arroja la última investigación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que revela las dificultades para identificar los cuerpos de quienes intentan llegar a Europa. El rastro de la gran mayoría de estas personas se pierde y solo se recupera alrededor del 9% de los cuerpos de las personas que fallecen en el mar. Denunciamos que se pierdan estas vidas, así como la falta de reparación y justicia para las familias de estas personas. Porque nadie debería arriesgar su vida para ejercer el derecho a migrar.

Por último, mostramos nuestro más absoluto rechazo y disconformidad ante la ratificación del sobreseimiento de la causa de El Tarajal. El tribunal de instancia no aprecia «relación de causalidad» entre la actuación de los agentes y «los fallecimientos por ahogamiento y lesiones». Sin embargo, los hechos son otros y se pueden contrastar y corroborar con las grabaciones que se realizaron aquel fatídico día en la Playa del Tarajal y en la zona perimetral de la valla fronteriza. Una vez más, se sigue sin hacer justicia a las 15 personas que perdieron su vida como consecuencia de una nefasta gestión de la frontera sur española y no se repara el daño y sufrimiento de sus familias. 

Según las instituciones judiciales, “los migrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil.” Nos preguntamos desde cuándo una advertencia exime de asistir a quién lo precisa. ¿Por qué hacemos semejante distinción?. La entrada por un puesto no habilitado no es un delito por lo que no se justifica el uso desproporcionado de la violencia. 

Seguiremos reclamando justicia por las 15 que perdieron la vida en la playa del Tarajal y reparación a sus familias porque migrar es un derecho y seguiremos exigiendo vías legales para que las políticas migratorias no se cobren ni una vida más. Tarajal no olvidamos.

Por todo esto, exigimos:

• Que se agilicen los trámites administrativos para que las trabajadoras transfronterizas puedan cruzar la frontera con normalidad y trabajar con todos sus derechos.
• Que se creen vías legales y seguras para que todas las personas puedan ejercer el derecho a migrar.
• Que se haga justicia por las víctimas del Tarajal, que se lleve a cabo un proceso de reparación para sus seres queridos.
• Que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas en las fronteras.