ACNUR y 80 organizaciones, entre ellas Elin, advertimos al Gobierno que el Constitucional no ampara las devoluciones en caliente tal y como se aplican.

Aunque el Constitucional avala la normativa en la que se apoya el Gobierno para ordenar las devoluciones en caliente, el Tribunal exige su aplicación en «entradas individualizadas» con «pleno control judicial» y en «cumplimiento de las obligaciones internacionales», algo que no se cumple en la actualidad.

«El Tribunal no avala el rechazo en frontera como se aplica actualmente, sino la Ley de Seguridad Ciudadana, que tampoco respalda la práctica de coger a las personas y devolverlos sin abrir un procedimiento administrativo», ha declarado a elDiario.es la portavoz de ACNUR en España.

Aunque los magistrados han concluido la constitucionalidad de la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que regula el rechazo en frontera, también enumeran una serie de requisitos para su correcta aplicación.

Desde Ceuta somos testigos de cómo, hasta la actualidad, las fuerzas de seguridad devuelven de manera inmediata a los migrantes, sin identificarlos ni estudiar sus casos particulares, lo que imposibilita la aplicación de cualquiera de las garantías planteadas por el Constitucional, como atender los casos de perfiles vulnerables, pues no pueden detectarlos. Además, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención de Ginebra o la Convención, prohíbe las expulsiones colectivas pues impide a los migrantes su acceso a la asistencia letrada, al derecho a intérprete y a la posibilidad de pedir asilo o recurrir su devolución.

En este sentido, la Agencia de la ONU recuerda al Gobierno que las devoluciones aplicadas actualmente en Ceuta y Melilla son inconstitucionales en base a la reciente notificación del tribunal de garantías, que aún no ha difundido la sentencia íntegra.