Andalucía Acoge, APDHA, Caminando Fronteras, CEAR, Coordinadora de Barrios, Asociación Elin, Federación SOS Racismo, Fundación Raíces, Centro Iridia, Noves Vies y el Servicio Jesuita a Migrantes solicitamos a la Fiscalía que admite a trámite esta denuncia, así como que inicie una investigación de forma urgente de la devolución en caliente del menor camerunés el pasado 21 de mayo.
Según la información a la que se ha tenido acceso, el menor, tras sobrepasar las dos vallas fronterizas, fue detenido por la Guardia Civil. El joven manifestó tener 16 años y llevar unos tres años de ruta migratoria. A pesar de ello, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la apertura de las puertas del entre vallado y a su entrega a las autoridades marroquíes.
Una vez más, la Frontera Sur vuelve a ser un espacio de no derecho para las personas migrantes y refugiadas. Y este caso es aún más grave al incumplirse tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Ley de Extranjería, ya que en ningún momento se ha tenido en consideración el interés superior del menor que ni siquiera fue identificado.
En el documento presentado el pasado viernes a la Fiscalía recuerda que “se aplican incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la jurisdicción del Estado, al tratar de penetrar en el territorio nacional”. Y que los “Estados han de tomar todas las disposiciones necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados, lo antes posible”.
Además, en la argumentación jurídica se alude también al Dictamen aprobado por el Comité de Derechos del Niño en enero de 2019, en el caso defendido por Fundación Raíces junto a la ONG alemana ECCHR, en el que el Comité condena a España por la devolución en caliente de un menor maliense sin previamente identificarle como tal, y reitera que “la obligación del Estado parte de no trasladar a un niño a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor” y la obligaciónde revisar la Ley de Seguridad ciudadana y la legislación que autoriza este tipo de devoluciones “en caliente” en Ceuta y Melilla para evitar que se cometan violaciones similares en un futuro.
Es injustificable, según el derecho internacional y las propias leyes españolas, que se realice este tipo de prácticas como consecuencia de las políticas de control de fronteras que suponen una vulneración de los Derechos Humanos.