Un mes más, seguimos denunciando las muertes y desapariciones en la ruta canaria. Hace tan solo dos semanas, 26 personas fallecieron intentando llegar a la isla de El Hierro. En lo que va de año, se han contabilizado, al menos, 224 personas fallecidas tratando de llegar a las costas españolas, sin tener en cuenta aquellos naufragios que quedan fuera de estas cifras. Ninguna persona debería verse obligada a poner su vida en riesgo para migrar. Porque migrar no es solo un sueño, también es un derecho.

Denunciamos también que más de 125.000 menores vivan en situación administrativa irregular, según cifras proporcionadas por la fundación porCausa. Esta situación limita el derecho a la salud y la educación, impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas y multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza. En España, más medio millón de personas migrantes en total se encuentran en esta situación. El abandono por parte de las instituciones los empuja a la pobreza y al trabajo desprotegido frente a la explotación. Por justicia social, exigimos regularización ya.

Se cumplen ahora dos años desde que el cierre de la frontera por la pandemia dejó atrapadas a cientos de trabajadoras transfronterizas en nuestra ciudad. Sin posibilidad de volver a su hogar, sin abrazar a sus familias, sin una adecuada regularización de su situación administrativa, sin derechos. Dos años viviendo en una situación de total incertidumbre.

Por último, queremos denunciar las condiciones sociosanitarias en las que viven los menores acogidos en el centro de la Esperanza, las cuales son inadecuadas e insuficientes. El acceso a una atención sanitaria adecuada es un derecho humano.  Condenamos las condiciones de indignidad en las que viven estos menores, sometidos a una total situación de invisibilidad. Exigimos que los responsables tomen medidas inmediatas para acabar con esta situación.

Por todo esto, exigimos:

• Que se habiliten vías legales y seguras para que todas las personas, migrantes y refugiadas, puedan ejercer el derecho a la libre circulación. Para que nadie más tenga que poner su vida en peligro por salir de su territorio.
• Que se habilite una acogida digna en las Islas Canarias y, en general, en España, para todas las personas migrantes y refugiadas, reivindicación que venimos haciendo desde hace más de un año y a la que no se pone solución por una falta de voluntad política.
• Que lleve a cabo un proceso de regularización. Por justicia social, porque la convivencia entre culturas nos enriquece a todas, porque con derechos, las personas esenciales pueden contribuir aún más al bien común,
• Que se ofrezca una solución para las trabajadoras transfronterizas, para que se respeten sus derechos y para que puedan reunirse de nuevo con sus familias.
• Que se ofrezcan unas condiciones dignas a los menores de la Esperanza y que se respeten sus derechos.
• Que se respete la dignidad de todas las personas, tanto migrantes como refugiadas.