CÍRCULO DE SILENCIO DEL MES DE NOVIEMBRE

Como cada mes, nos hemos vuelto a reunir en el Círculo de silencio.  Y esta vez de una forma especial, al contar con la presencia de 51 personas (jóvenes de 13 años y sus profesores) venidas desde Samassi (Cerdeña).
Y todos juntos, en silencio…en silencio hablamos, en silencio gritamos, en silencio denunciamos… Una vez más, hoy utilizamos el silencio como una forma de diálogo para apelar a las conciencias.
El miércoles día 6 de noviembre, siete entidades sociales, entre las que se encuentra la asociación Elín, han presentado un escrito al Ministerio Fiscal en el que exigen una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales con motivo de la última campaña electoral, pudieran incurrir en un delito de odio contra las personas inmigrantes.
Para las entidades firmantes del escrito, en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro.
Concretamente en uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los/as menores migrantes sin referentes familiares. En dicho vídeo se emiten imágenes y testimonios de personas que han sido supuestamente agredidas por estos/as niños/as generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada.
También este mismo partido ha pedido aportar a la Policía los ficheros de Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde están registradas las personas que tienen acceso a la atención sanitaria normalizada a pesar de estar en situación administrativa irregular.
Estaríamos hablando que, aproximadamente, unas 52.000 personas se verían afectadas por esta medida. VOX habría obtenido este dato de un comunicado difundido por el sindicado policial UFP que se difundió en diciembre de 2018.
El objetivo es claro: identificar a las personas en situación irregular con tarjeta sanitaria y deportarlas a su país.
Ante esta violación de la Ley de Protección de Datos y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, unas 200 organizaciones hemos emitido un comunicado el pasado viernes para advertir a la Junta de Andalucía que emprenderemos «todas las vías administrativas y judiciales» a nuestro alcance si se sigue adelante con esta solicitud que se encuentra dentro del acuerdo firmado entre PP, Ciudadanos y VOX.
De nuevo, una vez más, el caso Tarajal queda archivado. Y ya van 3.
La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, la misma que hace un mes acordó el procesamiento de los 16 agentes, ahora ha concluido el sobreseimiento provisional de la causa, por falta de acusación particular, ya bien sea por parte de las víctimas o sus familiares o de la Fiscalía que solicitó el carpetazo.
Sin embargo, las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, han solicitado en dos ocasiones su personación como acusación particular en el caso que investiga la muerte de sus hijos, pero el juzgado de Ceuta ha rechazado ambas peticiones.
Y mientras tanto se sigue blindando el Puerto de Ceuta con un muro de hormigón para hacer frente ante lo que consideran la “presión migratoria” de los decenas de niños migrantes no acompañados que merodean las instalaciones portuarias para cruzar a la península en busca de una vida mejor. El coste de las obras asciende, aproximadamente, a 2,3 millones de euros. La construcción de este muro es una muestra más al apoyo a los discursos xenófobos y racistas.
Desde hace ya más de un año, continúa la presión policial sobre las personas migrantes en el norte de Marruecos. Este hecho coincide con el compromiso de la Unión Europea de destinar a Marruecos 140 millones de euros para potenciar el control fronterizo.
Cada vez que Marruecos despliega sus agentes para alejar a grupos de migrantes de la frontera española, la consigna es clara, arrasar sus viviendas en mitad de la noche, despojarles de sus pertenencias en los montes y meterles en autobuses destino al sur con las manos esposadas. “No los podemos dejar en el norte”, reconoce el responsable de fronteras del país vecino. A cambio, millones de euros son extraídos de las cuentas de la Unión Europea.
A su vez el Gobierno de España se ha erigido como principal intermediario del país vecino en Bruselas con el objetivo de disminuir las llegadas a las costas españolas.
Por ello una vez más, hemos vuelto a ser testigos de cómo la falta de vías legales y seguras ha provocado la muerte de 9 personas que viajaban en la patera que volcó cerca de las costas de Lanzarote la semana pasada.
Sólo en Canarias, estas dos últimas semanas, han fallecido 13 personas migrantes.
Y desde aquí nos preguntamos qué más tiene que pasar para que no haya más muertos, ni más heridos, ni más sufrimiento innecesario.
Llamamos a la conciencia de todos los ciudadanos a implicarnos en el cambio hacia una sociedad más justa y solidaria ya que es una responsabilidad, que todos y todas compartimos.
Foto: El Faro de Ceuta
Foto: El Foro de Ceuta

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